Controversia en la FIFA: Noruega exige abolir el premio de paz
A seis semanas del inicio del Mundial, el ruido no llega desde los estadios, sino desde los despachos. Y apunta directo al corazón de la FIFA.
La ofensiva de Noruega
Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega de Fútbol (NFF), ha decidido romper filas. Sin rodeos. Ha pedido que la FIFA elimine su recién creado premio de la paz, después de que el organismo presidido por Gianni Infantino lo entregara por primera vez al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el sorteo del Mundial en diciembre.
Para Klaveness, el mensaje es claro: ese galardón no tiene cabida en el mandato de la FIFA.
“Queremos verlo abolido. No creemos que forme parte del mandato de la FIFA otorgar un premio así; ya tenemos un Instituto Nobel que hace ese trabajo de forma independiente”, explicó en una rueda de prensa telemática.
El premio fue interpretado por muchos como una especie de “consuelo” para Trump, que lleva años proclamando que merece el Nobel de la Paz y cuyo país será coanfitrión del Mundial junto a Canadá y México. La coincidencia política y deportiva ha encendido todas las alarmas.
Klaveness insistió en la necesidad de mantener distancia con los jefes de Estado. No solo simbólica, también estructural.
Las distinciones de este tipo, advirtió, se convierten casi inevitablemente en un campo minado político si no se sostienen sobre mecanismos sólidos: jurados independientes, criterios claros, experiencia en gestión de conflictos de interés. “Eso es un trabajo a tiempo completo; es extremadamente sensible”, subrayó. Y remató: por recursos, por mandato y, sobre todo, por gobernanza, la FIFA debería mantenerse al margen de ese terreno.
La dirigente, abogada de 45 años, confirmó que la NFF enviará una carta apoyando la petición de investigación presentada por la organización FairSquare, que acusa a Infantino y a la FIFA de haber vulnerado sus propias normas éticas sobre imparcialidad política al conceder el premio.
“Debe haber controles y contrapesos en estos temas, y esta queja de FairSquare debe tratarse con un calendario transparente; el razonamiento y la conclusión también deben ser transparentes”, reclamó.
Desde Zúrich, silencio. La FIFA no respondió a la solicitud de comentarios.
Un premio de paz bajo fuego cruzado
La controversia no se limita a los despachos federativos. Llega también desde el vestuario.
Jackson Irvine, internacional australiano y una de las voces más activas del fútbol en materia social, acusó a la FIFA de dinamitar la credibilidad del deporte como fuerza de cambio positivo al tiempo que presume de su propia política de derechos humanos.
El centrocampista señaló directamente la concesión del Peace Prize a Trump como ejemplo de esa incoherencia. El contexto no ayuda: un mes después del sorteo, Estados Unidos lanzó un ataque militar contra Venezuela y el 28 de febrero inició bombardeos conjuntos con Israel sobre Irán.
“Como organización, decisiones como la que vimos al otorgar este premio de la paz hacen una burla de lo que intentan hacer con la carta de derechos humanos y con el intento de usar el fútbol como fuerza global para el bien y el cambio positivo en el mundo”, declaró a la agencia Reuters.
Sus palabras golpean en un punto sensible para la FIFA: la distancia entre el relato y la realidad. “Decisiones así parecen hacernos retroceder en la percepción de lo que es hoy el fútbol, especialmente en la élite, donde se está volviendo cada vez más desconectado de la sociedad y de las raíces del juego en nuestras comunidades y en el mundo”, añadió.
La brecha entre discurso y práctica
La FIFA se dotó en 2017 de su primera Política de Derechos Humanos. Para el Mundial de 2026, su Marco de Derechos Humanos incluye compromisos que suenan bien sobre el papel: promoción de la inclusión, protección de la libertad de expresión, prohibición de la discriminación en las ciudades sede durante el torneo, previsto del 11 de junio al 19 de julio.
Sobre el terreno, la foto es menos limpia.
Organizaciones de derechos humanos reclaman que la FIFA ejerza mucha más presión sobre Estados Unidos para reducir los riesgos de abusos contra deportistas, aficionados y trabajadores, en un contexto marcado por la política migratoria de línea dura y las campañas de deportación impulsadas por la administración Trump.
Es ahí donde la entrega de un premio de la paz al propio presidente estadounidense se convierte en algo más que un gesto simbólico: se lee como una toma de partido, un guiño político en plena cuenta atrás hacia un Mundial que el país coorganiza.
Noruega pide abolir el premio. FairSquare exige una investigación. Futbolistas como Irvine denuncian la contradicción pública. La FIFA, por ahora, calla.
La cuestión ya no es solo quién levanta la Copa del Mundo en julio. Es si el organismo que la entrega puede seguir presentándose como árbitro neutral de un deporte que, cada vez más, se juega también en el terreno resbaladizo de la política global.
