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Real Madrid lleva su pulso con LaLiga al Tribunal Supremo

Real Madrid lleva su pulso con LaLiga por el acuerdo con CVC hasta el Tribunal Supremo. El club blanco no afloja. Tampoco olvida. Y, pese al último revés judicial, mantiene intacta su ofensiva contra una operación que considera clave para el futuro económico del fútbol español.

La Audiencia Provincial da la razón a LaLiga

La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso presentado de forma conjunta por Real Madrid C.F. y Athletic Club contra los acuerdos aprobados por LaLiga en relación con la denominada operación CVC, el macroacuerdo que inyectó cientos de millones en los clubes a cambio de un porcentaje de los ingresos por derechos audiovisuales durante décadas.

El tribunal respalda la tesis de LaLiga: entiende que la compensación pactada a favor de CVC es, en esencia, un gasto de comercialización de los derechos audiovisuales. Y sostiene que la operación no afecta a los clubes que decidieron no adherirse al proyecto, como es el caso del propio Real Madrid.

Sobre esa base, la resolución cierra la puerta, por ahora, a las pretensiones de los dos clubes recurrentes.

El desacuerdo de fondo del Real Madrid

Real Madrid C.F. acata la decisión, pero la respuesta del club es contundente. Respeto formal, sí. Conformidad, ninguna.

La entidad presidida por Florentino Pérez considera que la sentencia no entra con la profundidad necesaria en cuestiones que califica de “extraordinaria relevancia” en los planos jurídico, económico e institucional. A ojos del club, el fallo se queda corto ante el calado real de la operación CVC.

El núcleo del desacuerdo es claro: para el Real Madrid, los acuerdos impugnados no son un simple ajuste de marketing ni un asunto que afecte solo a quienes firmaron. El club sostiene que la operación altera el modelo de gestión de los derechos audiovisuales, condiciona el marco económico de LaLiga y alcanza de lleno los derechos e intereses legítimos de todos los participantes en la competición, se hayan adherido o no.

No se trata solo de dinero inmediato. Se trata del modelo de poder y de gobierno del fútbol profesional español a largo plazo.

Un acuerdo que se proyecta durante décadas

El Real Madrid insiste en la dimensión temporal del pacto con CVC. La operación está diseñada para proyectar sus efectos durante décadas sobre la estructura económica y de gobernanza del fútbol profesional en España. Para el club blanco, ese horizonte obliga a un escrutinio jurídico especialmente riguroso.

La entidad entiende que el tribunal no ha ponderado con suficiente detalle todas las aristas legales ni las consecuencias presentes y futuras de un acuerdo que, a su juicio, condiciona el margen de maniobra de los clubes y la propia arquitectura del negocio audiovisual del fútbol.

Ahí, en esa batalla por el control del relato económico y jurídico del campeonato, el Real Madrid no piensa ceder.

Camino al Supremo: un pulso por el modelo de negocio

Lejos de dar por cerrado el conflicto, el club anuncia un nuevo paso: recurrirá ante el Tribunal Supremo. Lo hará convencido de que el caso plantea cuestiones de “evidente interés jurídico” que, según su criterio, requieren una respuesta del alto tribunal y la fijación de doctrina sobre aspectos esenciales del marco legal aplicable a la gestión y explotación de los derechos audiovisuales del fútbol profesional.

El mensaje es nítido: Real Madrid C.F. quiere que el Supremo marque las reglas del juego para las próximas décadas en un terreno donde se cruzan intereses millonarios, poder institucional y la autonomía de los clubes.

Legalidad, transparencia y poder en juego

En su posicionamiento público, el club subraya que seguirá defendiendo “en todos los ámbitos posibles” los principios de legalidad, transparencia y seguridad jurídica, así como la protección de los derechos e intereses de sus socios y de todos los clubes que integran el fútbol profesional español.

No es solo una batalla contra LaLiga o contra CVC. Es una pugna por el modelo. Por quién decide, cómo se reparte y bajo qué condiciones se explota el producto más valioso del deporte español: sus derechos audiovisuales.

El balón, ahora, pasa al Tribunal Supremo. Y con él, una pregunta de fondo: ¿quién mandará realmente en el futuro económico de la Liga española?