¿Caerán en manos del FBI los funcionarios de la Asociación de Fútbol Argentina por sospechas de corrupción?
Hace pocos días, agentes del Federal Bureau of Investigation (FBI) y fiscales federales estadounidenses iniciaron una extensa investigación sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino, dirigida por Claudio Tapia.
El objetivo es esclarecer cómo cientos de millones de dólares vinculados a contratos comerciales de la Asociación habrían sido canalizados a través del sistema bancario estadounidense.
Fondos sin destino claro
Los investigadores están especialmente interesados en decenas de millones de dólares cuyo destino final no quedó aclarado en los documentos bancarios revisados. Según el sitio argentino Infobae, el FBI detuvo el avión de la selección argentina en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York para incautar bienes de altos funcionarios de la Asociación. Entre los investigados por presunto fraude y malversación se encuentran Claudio “Chiqui” Tapia, presidente; Pablo Toviggino, tesorero; y empresarios como Diego Lucero y Javier Faroni.
Tras la final del Mundial, los medios argentinos especularon con teorías conspirativas sobre la manipulación de resultados. Ese ruido pareció tapar un escándalo mucho mayor dentro de la Asociación.
Una nueva etapa en el mayor caso de corrupción
El gobierno de Estados Unidos tomó cartas en el asunto y citó a los funcionarios de la Asociación a declarar ante la corte del Distrito Sur de Florida el 30 de julio. Se les pidió información sobre una empresa fantasma radicada en Florida, considerada la principal vía para lavar y transferir fondos de contratos de patrocinio firmados desde el último Mundial hasta el próximo torneo en 2030.
Se estima que esta compañía recibió alrededor del 30% de los ingresos comerciales totales de la Asociación durante ese período.
Detalles de la investigación financiera
La pesquisa empezó a tomar forma durante el Mundial, cuando mientras Tapia y dirigentes acompañaban al equipo en Estados Unidos, agentes del FBI y fiscales comenzaron a reconstruir las transacciones a través de la estructura financiera que gestionaba los contratos internacionales. El monto bajo análisis supera los 300 millones de dólares.
Fuentes cercanas a Tapia calificaron las acusaciones como falsas y sin fundamento, pese a las causas abiertas en su contra. Su abogado, Mariano Lizardo, declaró a La Nación: "Acabo de hablar con él, y nada de esto sucedió".
Funcionamiento de la empresa TourProdEnter LLC
TourProdEnter LLC, sociedad de responsabilidad limitada creada entre Faroni y su esposa Erica Gillett, fue designada por Tapia como agente exclusivo para cobrar los contratos internacionales de la Asociación, incluyendo ingresos por patrocinadores, derechos comerciales, amistosos y otros negocios relacionados con la selección nacional. También recibía comisiones por su intervención y servicios logísticos.
La investigación, basada en documentos bancarios, indica que la Asociación dispersaba sus ingresos en múltiples cuentas. Por ejemplo, unos 14 millones de dólares provenientes de Asia, Europa y el Golfo Árabe pasaron por una sola cuenta bancaria, permaneciendo allí entre 24 y 72 horas antes de ser trasladados a otros destinos.
No se reportaron esos fondos en los estados financieros oficiales de la Asociación. Además, se detectaron más de cincuenta autos de lujo y una propiedad en Villa Rosa valorada en más de 20 millones de dólares, a nombre de un testaferro vinculado a Tapia.
Respuesta oficial de la Asociación de Fútbol Argentina
En un comunicado, la Asociación intentó refutar parte de la información: afirmó que el documento mencionado en varias publicaciones no es una citación dirigida a Tapia ni a Toviggino. Aseguró que la orden del tribunal del Distrito Sur de Florida está dirigida a un tercero que debe comparecer ante un gran jurado y entregar documentos relacionados con varios individuos, entre ellos autoridades de la Asociación.
Agregaron que no existen medidas personales, citaciones o confiscaciones ordenadas contra el presidente o el tesorero. Consideraron que la difusión de información incorrecta o distorsionada afecta injustamente el honor y reputación de personas e instituciones.
